¿Migración y seguridad nacional sin rumbo?

En los últimos años, el Perú ha enfrentado una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente, con la llegada de más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos en un periodo bastante breve. Lo que comenzó como una respuesta humanitaria loable, con políticas de apertura y regularización, hoy se percibe más como una decisión improvisada y carente de visión estratégica. Negar que la migración masiva tiene implicancias directas en la seguridad nacional es cerrar los ojos ante una realidad cada vez más difícil de ocultar.

Es completamente válido que un Estado soberano como el Perú regule su política migratoria en función de sus intereses de seguridad interna, ante ello el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (OHCHR, n.d.) reconoce explícitamente que los Estados tienen “el derecho soberano de determinar su política migratoria y de gobernar la migración dentro de su jurisdicción”, por ello defender nuestras fronteras y controlar quién entra al país no es xenofobia, es sentido común en un contexto donde la seguridad y la estabilidad social están en juego.

El Perú, al igual que otros países de la región, reaccionó inicialmente con solidaridad frente a la crisis humanitaria en Venezuela, donde se otorgaron permisos temporales de permanencia sin mayores filtros, como antecedentes penales, facilitando el ingreso de cientos de miles de migrantes en un tiempo muy corto. Frente a aquel escenario, la narrativa era predominantemente humanitaria; se promovía la integración y la asistencia internacional, y el Estado actuó con buena voluntad, pero sin preparación (OIM, 2024).

A medida que el flujo migratorio aumentó, comenzaron a surgir tensiones, en este sentido el Estado peruano no contaba con capacidad suficiente para absorber a una población tan grande sin afectar los servicios públicos, el mercado laboral informal y la estabilidad social. Del mismo modo, esta etapa estuvo marcada por la infiltración de redes delictivas como el Tren de Aragua, que aprovecharon los vacíos institucionales para instalarse en el país, donde la percepción pública cambió rápidamente; de la solidaridad se pasó al temor y al rechazo (OIM, 2024).

En la actualidad, el Estado peruano ha comenzado a endurecer su política migratoria ya que se exigen antecedentes penales para el ingreso, se han implementado operativos de control en zonas críticas, y se ha impulsado la repatriación de migrantes involucrados en actividades ilícitas (Ministerio De Relaciones Exteriores, 2025). A su vez, se evidencian críticas a la comunidad internacional por su escaso apoyo y a las ONG por promover enfoques ingenuos que no consideran los impactos reales sobre la seguridad, en definitiva los organismos internacionales promueven un enfoque idealista de derechos humanos que presiona a países como Perú a mantener fronteras abiertas, sin considerar su limitada capacidad estatal, el Perú enfrenta la crisis casi en solitario, evidenciando una clara asimetría y falta de responsabilidad compartida. (CEJIL, 2019). Con todo ello el debate se traslada al plano internacional y se reflexiona hasta qué punto un Estado debe priorizar la integración cuando su propia seguridad está en riesgo, lo que lleva a cuestionarse: ¿Realmente puede un país en vías de desarrollo, con carencias estructurales en justicia, policía y servicios públicos, absorber semejante presión sin consecuencias? La respuesta es muy evidente, no. De hecho, el impacto de estas bandas no solo ha aumentado la percepción de inseguridad, sino que también ha erosionado la confianza en las autoridades locales y en el sistema de justicia.

Como resultado, urge repensar el enfoque migratorio desde la lógica de la seguridad nacional y la cooperación regional en materia humanitaria, por ello fortalecer el control fronterizo, exigir antecedentes penales y repatriar a quienes representen un riesgo no es una medida autoritaria, sino una política de autoprotección legítima, en esa línea, Colombia y Chile han comenzado a adoptar medidas similares, ¿por qué el Perú habría de ser la excepción? Además, es urgente desarrollar un sistema de alerta temprana y cooperación con Interpol y agencias regionales que permitan filtrar y responder a amenazas reales en tiempo real.

La solidaridad tiene límites, y uno de ellos es la integridad del Estado, de este modo, defender la seguridad no es abandonar los derechos humanos, sino proteger los derechos de todos, de los ciudadanos peruanos y de los migrantes que sí buscan integrarse legal y pacíficamente. Con ello, la migración descontrolada no solo amenaza el orden público, también debilita la legitimidad del Estado de derecho, a su vez, la política migratoria debe ser rigurosa, no complaciente. Se trata de una cuestión de prioridades, las cuales son proteger a los ciudadanos, garantizar el orden y evitar que el crimen transnacional se normalice en nuestras ciudades.