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Myanmar y los Derechos Humanos :Herramientas y Obstáculos para la Comunidad Internacional

Objetivo: Exponer las herramientas y obstáculos que la comunidad internacional tiene para contrarrestar la serie de violaciones de Derechos Humanos desarrolladas en Myanmar.

A raíz del golpe de estado en Myanmar el 1 de febrero del 2021 y la designación inconstitucional de Ming Aung Hlaing como presidente del Consejo de Administración del Estado se produjo el corte de las redes de telecomunicación y se prohibieron las reuniones. La junta militar denunciaba como “fraude” las elecciones celebradas en noviembre de 2020 donde el resultado favorecía por un gran porcentaje a San Suu Kyi, líder del partido Liga Nacional de la Democracia (LND). Acto seguido, salieron a la luz numerosos videos y transmisiones en vivo en redes sociales de manifestantes (entre ellos periodistas, funcionarios, trabajadores y activistas) siendo brutalmente reprimidos con armas de fuego, gases lacrimógenos y proyectiles de goma por miembros del Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar), recluyendo arbitrariamente, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de civiles que solo hacían un llamado al respeto de sus derechos.

La comunidad internacional condenó la serie de vulneraciones; sin embargo, en la actualidad, el ambiente sofocante de incertidumbre y enfrentamiento se sigue desarrollando y aún no se establecen medidas determinantes en la región para contenerlo. Frente a esto, es importante exponer y denunciar los actos realizados contra la población de Myanmar e identificar los obstáculos que presentaron organismos principales como la ONU y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), al reunirse para buscar soluciones y contrarrestar la problemática. Además, se busca exponer los motivos por los que en Rusia y China, no mantuvieron una respuesta firme para detener la crisis en la ex Birmania. Con esto en consideración, se realizará una breve reflexión del tema a manera de conclusión.

Herramientas y obstáculos para la comunidad internacional

Existen diversos métodos para contener, prevenir y sancionar la violación de derechos humanos en la esfera internacional, en este caso, la Asamblea General de la ONU impulsó una resolución para el embargo de armas global; sin embargo, la medida fue simbólica ya que son competencias del Consejo de Seguridad y tanto Rusia como China se abstuvieron a la votación. Se entiende, siendo Rusia uno de los países principales con los que Myanmar tiene acuerdos de suministro armamentístico y que han reconocido el gobierno militar como legítimo. Por parte de China, se cumple un rol geopolítico para lograr la construcción de un puerto Franja y Ruta en Myanmar y mantiene inversiones de infraestructura que no han cesado a pesar del golpe de Estado (USIP, 2018).

Ciertamente, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas dirigidas a funcionarios militares y se han suspendido proyectos de inversión directa relacionados con el gobierno militar. Aún así, a partir del 14 de febrero de 2021, se modificaron y promulgaron leyes en el Código Penal a favor del gobierno, entre ellas la licencia para permitir las detenciones sin orden judicial, para no dar libertad bajo fianza en diversos delitos y castigar a los críticos y opositores del Tatmadaw (FDIH ORG, 2021).
En el caso de la ASEAN, el 1 de febrero de 2021, invocó respetar el estado de derecho, la democracia y la protección de libertades fundamentales, sin embargo, no se obtuvo respuesta ni se vio modificación en las acciones de la junta militar. Lamentablemente, la situación económica, social y humanitaria fue decreciendo llegando a registrarse ataques aéreos e incendiarios por parte del Tatmadaw hacia los pueblos étnicos de Kayah, Kayin y Chin, y otras regiones de Myanmar, impidiendo así el abastecimiento de alimentos, fondos y ayuda humanitaria. Ello ocasionó que, para el mes de setiembre de 2021, fueran 200.000 las personas que huían del ejército, sin mencionar las 336.000 personas desplazadas forzosamente que ya se encontraban al norte y sudeste del país. Tiempo después, el 5 de abril de 2021, los Estados miembros de ASEAN negociaron el Consenso de Cinco Puntos, que consistía en proveer asistencia humanitaria y la mediación de un enviado especial para reunirse con todas las partes involucradas. A pesar de ello, Brunéi, Camboya, Laos y Tailandia, no apoyaron la resolución; el ejército negó desarrollarla y se declaró que la solicitud iría en contra de los principios de no injerencia y el principio del consenso de las partes.

Las medidas del Tatmadaw, mencionadas anteriormente, reflejan la privación de la libertad de expresión, violación del derecho a la reunión y asociación pacífica, a la persecución y la desaparición forzada, las cuales e deberían ser adjudicadas e investigadas por la Corte Penal Internacional, un tribunal híbrido o, sea el caso, un tribunal especial para contribuir con el establecimiento de la justicia internacional para la población. Pese a ello, en el marco legal, Myanmar no es parte del Estatuto de Roma y tampoco está suscrito a la Convención sobre los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, Convención contra la Tortura por lo que impide realizar un proceso óptimo a la hora de buscar que predominen los derechos de la población de Myanmar.

Si bien es cierto, los fuertes mecanismos empleados el Tatmadaw fueron desestimados a nivel nacional; a nivel internacional, aún existen reservas acerca de la situación. Las herramientas para contrarrestar la violencia en Myanmar por parte de la comunidad internacional ya están preestablecidas, sin embargo se denota la disputa entre los principios del derecho internacional, donde se vela por mantener la seguridad y la paz, con los intereses de los países que en casos terminan contribuyendo con el enfrentamiento. Además, teniendo en cuenta que Myanmar pasa por una situación crítica post-pandemia, es imprescindible que se respalde y facilite la ayuda humanitaria para las personas que escapan de la violencia generada por el golpe de Estado y se garantice a la par, el principio de no devolución para los países de la región. Para esto, es crucial que la comunidad internacional no reconozca al gobierno militar como legítimo y se puedan mejorar los acuerdos teniendo como eje principal la voluntad de la población de Myanmar. Finalmente, tener conocimiento de la situación invita a que se pueda velar por la protección de los derechos y evitar que más casos caigan en la impunidad.

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