El Derecho Internacional ambiental ha venido ganando más relevancia en los últimos años debido al enfoque ambiental de las relaciones internacionales, además, la introducción del concepto de sostenibilidad y la escasez de recursos naturales suponen la necesidad de codificación frente a los mismos cuando estos se encuentran compartidos entre dos o más estados. El Perú no es extraño a esto, considerando que comparte recursos naturales tanto en el Amazonas como en el lago Titicaca. De modo que, la falta de consenso internacional sobre este tema tendrá efectos directos en cómo convergen los intereses de soberanía y extracción del Perú por sobre estos recursos. En ese sentido, la evolución del Derecho Internacional ambiental para los recursos compartidos permitirá evitar que los Estados con mayor poder abusen o utilicen estos recursos en perjuicio de sus vecinos. Además, será de suma importancia considerando una prospectiva que parece traer escasez de los mismos.

Dentro de ello, el agua consiste en el principal exponente de los recursos naturales compartidos, siendo así uno de los principales puntos en la agenda actual de la ONU. Uno de los instrumentos más importantes es la Convención de 1997 sobre Ríos internacionales y Acuerdos Transfronterizos, la cual establece regulación por sobre los ríos, sin embargo, en la actualidad los conflictos relacionados al agua han aumentado debido al uso de la tecnología y sus implicancias con la agricultura o la producción energética; tal es así, que para 2007 la Comisión de Derecho Internacional de la ONU aprobó un conjunto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos. De ello, las normas están constituidas por la premisa principal de que si un Estado abusa de la extracción de las aguas compartidas situadas en su territorio o desarrolla actividades de carácter contaminante, el resto de Estados verá mermadas sus posibilidades de disfrute de las mismas.

Cuando hablamos de recursos naturales compartidos, estos tienen un inherente lazo con la cooperación, ya que, la suscripción de acuerdos entre los países que los comparten es la mejor forma de asegurar la sostenibilidad de los mismos, la creación de organismos conjuntos de cooperación y una responsable actividad extractiva. Sin embargo, a nivel global la suscripción de estos acuerdos de cooperación y normas específicas se ha visto limitada, ya que la generación de normas internacionales que dispongan por sobre los recursos de un Estado tiene relación directa con la delicada cuestión de soberanía; especialmente en estados con pasado colonial, donde las metrópolis disponían por sobre los recursos naturales de una colonia. A ello, debemos añadirle la gran cantidad de Estados que han pasado por guerras debido a recursos naturales y estas continúan siendo un tema sensible en su historia. Debido a estos factores, entender las causas de la falta de aceptación de estas normas a nivel internacional excede los motivos puramente jurídicos, por lo que esto tendría causal en una lectura política, social y económica del asunto.

El Perú no está exento a esto y es que existe el sensible antecedente de la Guerra del Pacífico (1879) que se desarrolló principalmente por la extracción del salitre, conllevando finalmente a la pérdida de territorio. Además la inmensa deuda externa del Perú de aquel entonces también influyó en que casas extranjeras -como Dreyfus- mantengan control por sobre los recursos guaneros del Perú. Incluso, estas rupturas significaron un punto de quiebre que orientaría la política exterior peruana hacia cerrar sus fronteras durante todo el Siglo XX. Cabe resaltar, que el reciente caso en la Corte Internacional de Justicia sobre un diferendo marítimo con Chile demuestra el interés peruano en salvaguardar ese mar para la extracción de recursos por parte de los pescadores peruanos y la vigencia de este tema para nuestra realidad.

La interpretación del Derecho Internacional sobre recursos compartidos será vital para los intereses peruanos. Tal es el caso de la cooperación Peruano-Boliviana, donde en el 2019 concluyeron acuerdos relacionados hacia la conservación del medio ambiente, además de un manejo adecuado de recursos hídricos y una correcta conservación del lago Titicaca; también se acordó un uso equitativo de recursos hídricos en la cuenca del río Mauri Maure. Perú también es miembro del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) de 1978 entre Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador y Venezuela. Dicho tratado entre otras cosas comprende el intercambio de información y la utilización racional de los recursos naturales amazónicos.

En conclusión, podemos definir que si bien no existe un consenso general sobre normas de Derecho Internacional vinculantes sobre el uso recursos naturales compartidos y que estas se han visto limitadas por la sensibilidad que las cuestiones de soberanía y extracción significan para los estados. Además, la herida que Guerra del Pacífico significó para la política exterior peruana la ha llevado a promover y ser parte de acuerdos necesarios para el uso pacifico y sostenible de estos recursos que generan a su vez Derecho Internacional en la materia. A pesar de ello, la posibilidad de conflicto es real, se incrementa con la escasez de estos recursos y la cada vez mayor importancia que estos tienen para los Estados. Por parte del Perú, será necesario que se continúen realizando iniciativas y que estas tengan periodicidad y sostenibilidad para que permitan evitar conflictos y asegurar la soberanía peruana por sobre estos mismos.