En el año 2010, se estableció el Plan Bicentenario, un documento que presenta seis ejes estratégicos en los que se debe enfocar el Perú para lograr desarrollarse; anunciando que es clave que el país sepa cuáles son sus objetivos nacionales. Éste debió ser la brújula que mantuviera la guía para el desarrollo peruano; sin embargo -y a tan poco tiempo del bicentenario- los ejes han quedado en cierto olvido, pues la incapacidad de los gobiernos de turno de establecer políticas de Estado ha sido evidente. Es así que, el pasado 28 de julio, el presidente Vizcarra -en su último mensaje a la nación- presentó el Pacto Perú, teniendo en consideración que no se van a poder cumplir las metas antes mencionadas. Sin embargo, este proyecto presenta varias críticas, que serán comentadas en líneas posteriores. El presente artículo tiene como objetivo presentar un contraste entre el Pacto Perú y el Plan Bicentenario, analizando ambas propuestas y concluyendo en su aplicabilidad.

El Plan Bicentenario es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, basado en el Acuerdo Nacional y en concordancia con las 31 Políticas de Estado -suscritas en 2002-; por lo tanto, contiene las políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el Perú (CEPLAN, 2011). Es así, que los ejes estratégicos determinados son los siguientes: Derechos fundamentales y dignidad de las personas, Oportunidades y acceso a los servicios, Estado y Gobernabilidad, Economía, competitividad y empleo, Desarrollo regional e infraestructura, y Recursos naturales y ambiente. De acuerdo con estos, el CEPLAN esperaba que la mejora en tales ejes se refleje en cifras, como la duplicación del PBI, una cuadruplicación de las exportaciones, un crecimiento anual promedio del 6%, entre otros. De esta manera, se habría erradicado la pobreza y pobreza extrema y, además, se tendría un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales -según dicho centro de planeamiento-.

Con el pasar de los años, algunos especialistas se volvieron escépticos de la efectividad del plan, como Miguel Palomino y Élmer Cuba. No se veía realista. Esta perspectiva aumentó con la llegada de la COVID-19. En consecuencia, Vizcarra presentó el Pacto Perú, donde propone un enfoque en mejorar el sistema de salud, la calidad educativa, el crecimiento económico sostenible (junto con las inversiones), la reforma política y el sistema de administración de justicia, y la lucha contra la pobreza y pobreza extrema.

Si bien el Pacto Perú suena como una propuesta positiva para el país, es una apuesta a largo plazo, como indica Walter Martos. Por lo tanto, presenta el mismo problema que identificamos en el Plan Bicentenario. Esto es especialmente problemático en nuestra situación actual, pues considerando que solo podemos especular qué nos espera como país. En el segundo trimestre del año, nuestra economía cayó en 30.2%. No hay suficientes camas UCI ni oxígeno. Niños en zonas rurales no pueden disfrutar del derecho a la educación de calidad. Además, ¿Qué pasa con los habitantes de las comunidades amazónicas?; fallecen abandonados.

Todos estos problemas son consecuencia de los cinco puntos en los que quiere trabajar Vizcarra. Es por este motivo que no consideramos que el Pacto Perú sea un error, sino que llegó tarde. Ahora, lo preferible sería enfocarse en superar el presente. Si bien, a largo plazo, el Pacto Perú tendría un impacto positivo en los ciudadanos, ¿qué les espera a corto y mediano plazo? Además, al ser una apuesta a largo plazo, su efectividad va a depender del próximo gobierno que tengamos.

Y, si no existiera el covid-19, ¿hubiera sido un éxito el Plan Bicentenario? A pesar de que es solo un supuesto, lo más probable es que no, ya que solo quedaba un año para resolver una serie de problemas que, como país, hemos arrastrado por décadas. Por lo tanto, no sólo depende de la planificación estratégica, sino del trabajo ininterrumpido de los Planes de Gobierno.

Bajo esta línea de discusión, es justo también explicar en qué consisten los puntos a abordar por el Pacto Perú. Por ello, se menciona los siguientes ejes en orden de importancia -expresada por el primer mandatario-: sistema de salud unificado y que garantice la prestación universal, garantizar la calidad educativa, promover el crecimiento económico sostenible e inversiones, garantizar la continuidad de la reforma política y judicial, y lucha contra la pobreza y pobreza extrema (RPP Noticias, 2020). Además, de acuerdo con lo presentado por RPP (2020), la secretaría técnica del proyecto será tomada por el Acuerdo Nacional; buscándole así legitimidad.

Ante ello, resulta interesante mencionar, que quienes conforman el grupo de trabajo son los los miembros del Acuerdo Nacional; es decir, sólo los partidos políticos que tienen participación en el actual Congreso de la República, excluyendo -al menos a estas reuniones iniciales- a los demás partidos políticos del país (Zubieta, 2020).