Vulneración al Derecho de Consulta previa del Pueblo Mapuche en Chile

En la primera mitad del siglo XVI, cuando los conquistadores llegaron a Chile, también comenzó el proceso de invasión y usurpación a territorio Mapuche con el fin de expandir el dominio de la corona española y su poder militar en la región ( Bengoa, 1996). Esto afectó directamente a la psiquis colectiva de los mapuches, debido a que como menciona Huiliñir-Currío (2015) la creencia Mapuche se centra en su relación y respeto con su territorio, además de su uso para la extracción de recursos naturales y como ellos mencionan, “siempre respetando las fuerzas espirituales que dan vida”.

Este cambio y usurpación no se ha tomado con la seriedad del caso por parte del gobierno chileno incluso siglos después del proceso de independencia. Un claro ejemplo de esto, es el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1969 en donde se menciona y habla acerca de los derechos tanto de indígenas como de pueblos tribales, pero que Chile aceptó recién en el año 2009, cuarenta años después de la creación de este acuerdo.

Sanchez (2018), señala la importancia de la aceptación de este acuerdo y su relación con la consulta previa, ya que este pacto busca garantizar a los pueblos indígenas del mundo y a todas las comunidades de origen africano que se les consulte sobre las decisiones que puedan afectar sus derechos y territorio. 

En segundo lugar, Sanchez (2018) señala que chile no muestra un total interés e intervención en este tema, si no que, lo desarrolla de manera parcial, además de no contar con un sistema de registro para los grupos indígenas existentes lo que dificulta su localización y consulta a las tribus afectadas con las decisiones y planes que los vulneren.

En tercer lugar, Sanchez (2018), señala la importancia de permitir a las comunidades participar efectivamente en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos y territorios, además de brindarles las herramientas necesarias para esto, como información transparente y acertada sobre los proyectos y decisiones. Así, impulsando el derecho a la consulta previa.

Del mismo modo Guerra (2021) señala que debe existir una comunicación constante y clara entre el estado chileno y los mapuches, respetando las creencias de cuidado de tierras de estos últimos. Así logrando en un futuro llevar a cabo políticas públicas sostenibles que busquen un trabajo en conjunto entre ambos, pero, siempre impulsando la participación en el proceso y toma de decisiones respetando las tradiciones y valores.

Ahora, si bien lo que se busca es un trato pacifico entre el gobierno y las comunidades Mapuche, esto no puede lograrse debido a la fuerte indiferencia por parte del estado chileno hacia las aspiraciones de estos pueblos, además del trato violento que estos últimos reciben y que se ha logrado evidenciar en detenciones arbitrarias, tortura y asesinato dentro de los intentos por parte de las autoridades de frenar manifestaciones o movimientos sociales mapuches. (Branford & O´Shaughnessy, 2018) 

 En conclusión, podemos señalar que la usurpación histórica de los territorios ancestrales de los mapuches y la poca importancia hacia la protección de los territorios indígenas tuvo consecuencias significativas para Chile y estas comunidades. Como la entrega de estas tierras a compañías extractoras de recursos, causando daños ambientales y afectando a territorio considerado sagrado para los Mapuche.

Del mismo modo, a pesar de la creación del mencionado acuerdo 169 de la OIT, el cual como se mencionó anteriormente, habla de los derechos indígenas no parece generar un cambio en la conducta y en la visión del gobierno chileno para con sus pueblos originarios.

Así mismo, se puede evidenciar la falta de un estudio para encontrar un paradigma adecuado que regule la relación gobierno-mapuche que sirva de punto de partida para futuros diálogos.